A partir de una denuncia de la cooperativa de trabajo La Alameda, se conoció esta semana que Juliana Awada, actual pareja del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y dueña de la marca de ropa Awada, basa su producción de ropa en talleres clandestino donde “se explota a migrantes indocumentados y donde existe presumiblemente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, según el portal de la organización.

Sin embargo, Gustavo Vera señaló en diálogo con Política&Medios que esto es sólo una “anécdota cholula” que los medios levantaron, ya que se produce en el marco de una política ausente del Ejecutivo porteño. “Es consecuencia de la coherencia que ha tenido este hombre desde que asumió: que salga con una esclavista no tiene nada de extraño, porque hasta ahora lo único que ha hecho es defender a esclavistas”, aseguró.

Vera indicó que no se redujo el número de inspecciones y estadísticas con respecto a los talleres en situación irregular, pero sí se redujeron de forma drástica las multas y sanciones penales.

“Hay mucha estadística para la gilada pero después no se llevan a los tribunales correspondientes los delitos federales que se están cometiendo, por ejemplo explotación de indocumentados, tampoco se identifica a las marcas que son solidaria y penalmente responsables de las condiciones en que trabajan los talleristas”, explicó.

A esta situación se suma la desaparición de expedientes de marcas famosas en la Secretaría de Trabajo, situación que llevó a La Alameda a preparar una denuncia penal. “Abiertamente es corrupción, porque hubo marcas afamadas que tenían multas onerosas cuyos expedientes han desaparecido, como medias Cocot”, señaló Vera.

En este contexto, el abogado aseveró que no hay una sola marca denunciada al juzgado federal: “Es una situación de encubrimiento de los principales beneficiados en la cadena de valor, de incumplimiento de la ley de trabajo a domicilio en escala masiva e inclusive incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en relación a la detección de delitos federales que después no se denuncian como corresponde”, detalló.

La acusación contra la empresa Awada comenzó en 2006, cuando La Alameda entregó la denuncia y un video probatorio de la situación, peor la pasividad de la Justicia durmió la causa en los tribunales.

La denuncia se retomó ante el testimonio de Osvaldo Martín García, que contó las pésimas condiciones de salud e higiene en las que trabajaba como costurero en un nuevo taller de la marca, en Virasoro 1638, en Villa Crespo.

“Hay una situación irregular, nosotros hemos colaborado en el primer tramo de la gestión de Macri, no es que tenemos un prejuicio ideologista. Ya aportamos más de 150 talleres, indicando incluso cuáles eran las marcas que trabajan para esos talleres, sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido ninguna denuncia penal”, indicó Vera y destacó que “hubo 7 u 8 denuncias a perejiles, talleristas, que las tiraron para cubrirse